Todo lo que debes saber sobre la Ley Fintech
Nacimiento y evolución de las fintech
Las limitaciones del sistema financiero tradicional y la creciente demanda de atención de clientes postergados por la banca, se presentan como oportunidad para dar origen a nuevos modelos de negocio que buscan mejorar la experiencia de sus usuarios.
Las denominadas fintech, además de ofrecer un servicio mejorado, son plataformas que basan su negocio en la tecnología financiera.
La irrupción de este tipo de empresas en los modelos económicos vigentes ha sido tan disruptiva que no ha parado de crecer desde 2008, año en donde comienzan a conformarse las primeras compañías. Actualmente 395 fintech están operativas en México, mientras que 1170 lo hacen a nivel regional.
Según el Banco Internacional de Desarrollo (BID), los países latinoamericanos líderes con mayor participación en la industria fintech son Brasil con un 32,7%, seguido por México con 25,6%, Colombia con 11,94% y Argentina con 10,2%. El 19,56% se reparte entre otros países de la región y el Caribe.
Ley fintech: Regulación y propósitos de un mercado que promete
La Asociación Fintech de México nació en 2015 con el propósito de ofrecer a socios, empresas y al público en general, un espacio de colaboración abierta para potenciar la innovación utilizando el conocimiento colectivo para mejorar los servicios financieros en el país a través de la tecnología.
El proyecto impulsado por dicha Asociación y sometido a consideración por la Honorable Cámara de Diputados, ha sido aprobado en marzo de 2018 y busca regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), conocida comúnmente como Ley Fintech.
Dicha ley consta de cuatro puntos principales:
1. Resguardar a los usuarios de posibles fraudes.
2. Proteger el ahorro y la inversión.
3. Fomentar la sana competencia entre las empresas dentro del ecosistema financiero.
4. Promover la estabilidad del sector.
A su vez, propone regular a cuatro nuevos actores dentro del ecosistema financiero moderno:
1. Las interfaces de programación de aplicaciones (API) que son la estructura central de las empresas de tecnología;
2. Los activos virtuales (conocidos como criptomonedas) o modelos novedosos;
3. Instituciones de fondos de pago electrónico (IFPEs); y
4. El financiamiento colectivo (IFC), que incluye tanto el crowdfunding como el peer to peer lending, siendo estas plataformas que ponen en contacto a personas que desean obtener financiamiento con aquellas que están dispuestas a ofrecerlo, a cambio de una participación en capital o un retorno, respectivamente.
La regulación tiene como fin la promoción de la transparencia del sistema financiero, la prohibición de prácticas perjudiciales o fraudulentas y la advertencia a los inversores sobre el riesgo que implica operar en tales instituciones.
Qué propone la ley
La ley basa su propuesta en seis principios:
1. Promover la inclusión financiera a sectores desatendidos por el sistema y fomentar el uso de tecnologías innovadoras para ofrecer un mejor servicio.
2. Mejorar los canales de prestación de servicios para fomentar la competencia.
3. Impulsar tecnología neutral de manera que se evite la preferencia por alguna en particular.
4. Proteger los datos personales de los usuarios y comunicar claramente sobre factores de riesgo.
5. Prevenir acciones vinculadas al lavado de dinero o para financiamiento de terrorismo.
6. Elaborar y respetar el marco legal para operar y regular para promover la estabilidad financiera.
¿Qué contribuciones aporta el marco regulatorio?
El desafío de la Ley Fintech fue regular con una misma ley un sector financiero compuesto por muchos verticales, todos con características particulares y distintivas, mitigando los riesgos expuestos.
“Los bancos asumen que las fintech no quieren una regulación, lo cual es erróneo. Como empresas fintech queremos una regulación pero que esté adecuada a cada tipo de negocio. Es de vital importancia que el regulador trabaje adecuadamente y promueva normativas acordes al tamaño y la actividad de cada industria, de manera tal que sea progresiva” asegura Alejandro Cosentino, CEO de Afluenta.
La normativa y regulación de dicha ley es indispensable no sólo para sentar precedentes sino también para fomentar la competencia en el sector bajo reglas claras.
85 fintechs aplicaron al proceso de autorización
Ya concluido el plazo para presentar formalmente las solicitudes ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 85 fintechs aplicaron formalmente al proceso, de las cuales 60 solicitaron permiso para operar como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y 25 como Instituciones de Financiamiento Colectivo, entre las cuales se encuentra Afluenta.
Desde el momento de presentación de dicha solicitud, la CNBV tendrá hasta 180 días para emitir su respuesta a cada una de las aplicantes.
En tanto hasta que se conceda la licencia definitiva, cada una de estas 85 empresas podrá continuar funcionando con normalidad, atendiendo las instrucciones necesarias que indiquen las autoridades.
Por su parte, Afluenta ha presentado formalmente la solicitud de autorización el día 24 de septiembre de 2019, con el fin de adecuarse a la regulación prevista en la Ley Fintech como Institución Tecnológica Financiera (ITF).